Sintonía Fina: El Estado denuncia por lavado de dinero a parte del directorio de Edenor

Carlos Gonella, fiscal de la Procelac

La Procelac denunció penalmente a los accionistas del Grupo ST por su presunta participación en el delito de lavado de dinero. Entre los denunciados se encuentra el vicepresidente de Edenor, Marcos Marcelo Mindlin, y el magnate británico Joseph “Joe” Lewis.

A comienzos del 2012, durante un acto en casa Rosada, Cristina Fernández sentenció que “la sintonía fina es que se acabó la avivada”. La metáfora era un claro mensaje para quienes operaban en contra de los intereses del Estado.

Con el nombramiento de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General de la Nación llegó la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac). Pero los representantes del establishment rápidamente salieron a bloquear su capacidad de maniobra. A través de una operación mediática y política en el marco de la “causa Lázaro Báez”, intentaron frenar la designación del actual titular de la Procelac, el fiscal Carlos Gonella. Es que la unidad creada por Gils Carbó comienza a echar luz sobre el accionar de poderosos sectores económicos.

A partir de información compartida con la UIF y el BCRA, la Procelac denunció que la supuesta maniobra de lavado comenzó con la inyección de más de 100 millones de pesos por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas, a través de aportes de capital utilizados para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, Banco de Servicios y Transacciones SA (BST), sin contar con la documentación respaldatoria sobre el origen de esos fondos.

La denuncia estuvo precedida por una investigación de varios meses, en la cual la Procelac intervino a partir de un expediente remitido por la Unidad de Información Financiera (UIF) en base a los Reportes de Operaciones Sospechosas comunicados por el Banco Central entre 2009 y 2010.

La Procuraduría denunció al Grupo ST porque sospecha que los más de cien millones de pesos que inyectaron al mercado serían de origen ilícito y que habrían empleado sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y sustituido activos de diferente denominación.

La denuncia se refiere a una operación realizada en el 2007, a través de la cual Dolphin Créditos SA, una sociedad controlada por Marcos Marcelo Mindlin -actual vicepresidente de Edenor-, y Abus Las Americas I SA, controlada por Moisés Smolarz, adquirieron parte del paquete accionario del Grupo ST.

Como consecuencia de las operaciones, Mindlin se quedó con el 45%  de las acciones, y Smolarz con el 15%, mientras que el resto quedó repartido entre los anteriores controladores de ST: Pablo B. Peralta, Roberto Domínguez, Eduardo Oliver y Roberto Ruiz.

“Apenas 2 años después de que se perfeccionase la operación de compra del paquete accionario del Banco ST, y luego de haber logrado introducir en el mercado financiero más de 100 millones de pesos de origen desconocido, Dolphin Créditos S.A. se retiró del negocio vendiendo su participación accionaria a sus anteriores dueños. Esta operación aún no ha sido autorizada por el BCRA”, afirmó la Procelac a través del sitio Fiscales.gob.ar.

Y agregó que “ante estos episodios, Procelac manifestó en la denuncia la sospecha de que la finalidad real de estos aportes habría sido legitimar el origen ilícito de fondos financieros mediante la utilización de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y la sustitución por activos de diferente denominación”.

Por sorteo, la causa recayó en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, bajo el expediente judicial CFP 9070/2013. A través de ella se denuncia a tres miembros del directorio de Edenor: Marcos Marcelo Mindlin (vicepresidente), Gustavo Mariani (Director titular) y Damian Mindlin (Director suplente).

Los tres son funcionarios ejecutivos de Pampa Energía, el holding a través del cual el Grupo Dolphin controla, a través de una integración vertical, una enorme porción del sector eléctrico en la Argentina: varias hidroeléctricas y centrales térmicas con las cuales generan 2.217 MW, las transmisoras Transener y Transba y las distribuidoras Edenor, Emdersa y Eden.

Dolphin pasó a controlar a Edenor en setiembre del 2005 luego de comprar el 65% del paquete accionario a Electricité de France (EDF) por u$s 100 millones y asumir un pasivo de u$s 524 millones, logrando frenar una demanda de los franceses por u$s 960 millones ante el Ciadi, en reclamo por la pesificación y el congelamiento de las tarifas desde enero de 2002.

Otro también denunciado por la Procelac es el magnate Joseph Lewis. El multimillonario británico es socio de Mindlin en Pampa Energía y en Transener –a través de Tavistock, su grupo inversor- aunque también comparten negocios inmobiliarios en la Patagonia.

En 2011, la fiscal de Viedma, Daniela Zágali, imputó penalmente a varios funcionarios provinciales por operaciones inmobiliarias con tierras fiscales que, según la denuncia, beneficiaron a Lewis y a Mindlin. El británico, que tiene residencia en las Bahamas, es dueño de la estancia Lago Escondido, con más de 11.000 hectáreas, mientras que Mindlin es dueño de 19.000 hectáreas comprados a través de un operador inmobiliario que trabaja para el magnate, Nicolás Van Ditmar.

En una nota publicada por revista Veintitrés, “Loscaminos del señor Lewis”, la periodista e investigadora rionegrina Susana Lara sostuvo que “Tavistock Group de Charles Lewis y Belgian Urban Renovation Company (Burco) del belga Jean de Cloet, con sus embajadores argentinos encabezados por Marcelo Mindlin (de Pampa Energía Holding y grupo Dolphin) y Van Ditmar (Inmobiliaria), entre otros, representan flujos de capitales clave en la apropiación estratégica del territorio reiniciada en la década del '90 en la provincia de Río Negro. Hoy conforman un bloque de hecho que jaquea especialmente a la zona de la cordillera andina”.

La propiedad de Lewis bloqueó el acceso vehicular al Lago Escondido a través del  camino público de Tacuifí, el único por el que el público podría llegar a las costas del lago. Pero cuando el juez Víctor Sodero Nievas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, falló a favor de los reclamos de la comunidad andina por el libre acceso a los lagos, Van Ditmar “organizó una movilización en micros a la plaza central de Viedma. Se asentaron para exigir que se defienda la propiedad privada. Amenazaba con que si se seguía adelante con el camino de Tacuifí, Lewis iba a dejar en la calle a más de 100 trabajadores. Vinieron en micros y 4x4, trajeron baños químicos, carpas especiales, contrataron fuerzas de choque y criollos montados a caballo. Fue un piquete vip. Le hicieron un escrache al juez Nievas en la casa donde vive su familia. Antes de irse, le pidieron al ex gobernador Miguel Saiz que detuviera al juez”, señala la nota de Veintitrés, y agrega que en la plaza Van Ditmar dijo: “Vamos a defender la propiedad privada con el Winchester en la cintura. La Justicia por mano propia muchas veces es el camino”.

El testaferro de Lewis no tuvo suerte al realizar un intenso lobby con el fallecido Gobernador de Río Negro, Carlos Soria, para que lo autorizara a construir un aeropuerto propio dentro de Hidden Lake, la propiedad del magnate.