por Marcelo De Angelis
Las omisiones del historiador de los dos demonios sobre el número de los desaparecidos y su objetivo histórico-político.
Sobre el final del llamado
Proceso de Reorganización Nacional en Argentina, los sectores militares y
civiles responsables de haber sostenido al Terrorismo de Estado tenían un gran
desafío: la construcción de un relato que les permitiera camuflarse en el período
institucional que estaba por venir, manteniendo el poder real.
Ese relato fue lo que se conoció
como “Teoría de los Dos Demonios”, la cual quedó expresada de manera sintética
en el prólogo del “Nunca Más”, cuando la CONADEP afirma que “durante la década
del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la
extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en
muchos otros países”, y agrega que “a los delitos de los terroristas, las
Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el
combatido”.
Según esta teoría, durante esa
década se libró una guerra sucia entre dos bandos, con métodos similares
y, dada la diferencia de recursos y poderío, resultados diferentes. Apoyándose en esa teoría, los
responsables materiales de las desapariciones lograron construir un cuerpo
legal que les garantizó impunidad durante varios años. Las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, primero, y los indultos del menemismo, fueron
implementados como una forma de llegar a la “pacificación nacional”, es decir,
la reconciliación entre los contendientes de esa guerra y el cierre definitivo de ese capítulo de la Historia.
Esta equiparación entre los
terroristas de Estado y sus víctimas, perseguía el objetivo de hacer
desaparecer definitivamente a los desaparecidos. O, como afirmó Ricardo Balbín,
“los argentinos debemos olvidar estos episodios, porque de lo contrario no se
construye el país. Los desaparecidos son el gran precio de la guerra sucia, porque
esta ha sido evidentemente una guerra sucia.”
La declaración fue publicada el
martes 16 de septiembre de 1980, cuando Balbín -entonces presidente de la Unión
Cívica Radical- estaba a punto de viajar hacia Río Hondo, Santiago del Estero,
y fue consultado por un cronista del diario La Nación.
Ese diario, expresión de los
sectores más conservadores de la Argentina y cómplice mediático de la Dictadura
cívico-militar, fue y sigue siendo uno de los principales propagandistas de esa
teoría la cual, para ser más precisos, debería ser reconocida como una
doctrina. Mientras la teoría ofrece una explicación basada en las etapas del
método científico, la doctrina efectúa una apreciación, emite un juicio
valorativo, calificando además los resultados de la investigación.
El encargado de hacerlo es el
historiador favorito de esos sectores de poder: Ceferino Reato. Cultor
acérrimo de la doctrina de los dos demonios, es el que aporta la apreciación,
el juicio valorativo y califica los resultados de su investigación. Y es el
diario La Nación el que continúa propagando y convalidando esas
investigaciones, reflejo de su propia versión de la Historia.
La última fue publicada el
Viernes 20 de septiembre, y la nota de Reato lleva como título una sentencia:
“Hablan de 30.000 desaparecidos y saben que es falso”. ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes
saben?
Toda su argumentación tiene un
objetivo claro, definido en el primer párrafo: “Los kirchneristas, en especial
los líderes de las organizaciones de derechos humanos, que insisten en que los
desaparecidos durante la dictadura fueron 30.000, me recuerdan a los dirigentes
de esas ONG "truchas" que se ponen contentos cuando aumenta el número
de pobres porque imaginan que, de esa manera, podrán capturar mayores
subsidios, ayudas y respaldos dentro y fuera del país”.
El historiador de los dos
demonios intenta deslegitimar a organizaciones que sostienen la política de
Verdad, Memoria y Justicia, al decir que “en mérito a sus luchas valerosas del
pasado, las líderes de Madres y Abuelas han podido decir y hacer prácticamente
cualquier cosa. El presente las encuentra con mucha influencia en la alianza
gobernante, pero con la legitimidad dañada”. Afirmaciones y nada más, sin
sustento fáctico, propio de un columnista de opinión y no de un investigador.
La nota de Reato que publica La
Nación podría ser incluida en una teoría sobre la falsedad de la Historia, o
cómo los historiadores son capaces de acomodar y retorcer los hechos y las
cifras, u ocultarlas a conveniencia para demostrar una hipótesis.
“Llegué a este número luego de
contar los apellidos y nombres que aparecen como víctimas de la dictadura en el
Anexo II del Nunca Más , el informe de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep)”, destaca Reato cuando se refiere a su
conclusión acerca del número de desaparecidos, que para él es de 7158.
En ese anexo, se incluyen listas
de personas desaparecidas y de aquellas que persistiendo aún en tal condición
han sido vistas en centros clandestinos de detención, según aclara el propio
informe. Además, agrega que “en cuanto a la primera nómina, de la que resulta
la cifra de 8.961 desaparecidos, es -inevitablemente- una lista abierta”, y
aclara que “existen millares de desaparecidos que pasaron por esos centros y de
los cuales los liberados sólo conocieron apodos, o proporcionan someras
descripciones físicas, provincia de origen, oficio, filiación política u otra
característica aislada, de los que se incluyen 800 casos.”
Para la ONG Proyecto
Desaparecidos, “las listas que tenemos fueron confeccionadas en base a las
denuncias hechas originalmente frente a los organismos de derechos humanos y la
CONADEP y posteriormente frente a la Secretaría de Derechos Humanos. Aunque en
nuestras listas aparecen alrededor de 10.000 detenidos-desaparecidos y 2400
muertos, la lista de la Secretaría de Derechos Humanos alcanzaría a 14.000
nombres. De cualquier manera estos son necesariamente una fracción del número
total de desaparecidos ya que las listas sólo reúnen a aquellos desaparecidos
por los que se hizo una denuncia. En muchos casos no hubo denuncias por una
variedad de razones, incluyendo la desvinculación de la víctima con su familia,
la falta de parientes o amigos que hicieran la denuncia, la represión
generalizada contra grupos familiares, sociales o laborales que impidió que
quedara quién hacer la denuncia, el miedo por parte de la familia, la falta de
organismos frente a quienes hacer la denuncia, etc. El número de 30.000
detenidos-desaparecidos es solamente una estimación, y el verdadero número
podría ser mucho más alto.”
La organización remarca que “los
únicos que realmente saben cuántas personas fueron detenidas-desaparecidas en
la Argentina son los responsables de sus desapariciones. Hasta el momento,
ellos no han entregado las listas de las víctimas de desaparición forzada, ni
han dado un número concreto de cuánta gente desaparecieron y mataron.”
Hay algo en común entre Reato, Meijide y Videla: su versión sobre el número |
“No hay listas con el destino
final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”,
fue el testimonio de Jorge Rafael Videla, el principal jerarca del
Terrorismo de Estado. La declaración exclusiva la tuvo Ceferino Reato luego de
entrevistarlo en su celda de Campo de Mayo.
De esta manera, el Proceso da su
último mensaje al reclamo por la entrega de las listas con los nombres de las
víctimas de desapariciones forzadas. Videla señala que no existen listas, que
los desaparecidos son los que consigna el Nunca Más, Reato lo corrobora en su
“investigación” y La Nación los propala como una verdad histórica. Después de
eso, ¿para qué seguir adelante con nuevas investigaciones?
Pero no termina allí. En el
relato de Videla y Reato hay lugar para una bajada de línea hacia el presente.
“Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada. Con respecto al
peronismo, salir de una visión populista, demagógica; con relación a la
economía, ir a una economía de mercado, liberal", confesó el líder del
Terrorismo de Estado para el libro de Reato “Disposición final”.
El título alude al término
“Solución final”, utilizado por el nazismo para denominar al Holocausto del
pueblo judío en los países bajo la dominación alemana durante la Segunda Guerra
Mundial. La estrategia de Reato de desestimar la cifra de desaparecidos en
Argentina tiene el mismo sentido que la esgrimida por los sectores antijudíos
que cuestionan la cifra de víctimas de la Shoá: imponer una visión de la
Historia que minimice las responsabilidades de los victimarios.
La construcción del relato de
Reato no es un esfuerzo aislado. Se enmarca en una estrategia semejante a la
manifestada por Videla -salir de una visión populista, demagógica, ir a una
economía de mercado, liberal- en la que confluyen diversos sectores y
personajes. Recientemente, Graciela Fernández Meijide, ex integrante de la CONADEP
y madre de un desaparecido, también cuestionó la cifra.
“Es todo tan circunstancial, de
tal chiquitaje... sustituir y llenar de mentiras. Como los 30 mil
desaparecidos. ¿Con qué derecho cuando había un conteo de 9 mil? ¿Porque es un
símbolo? Están los mitos, pero quien hace historia tiene responsabilidad
política. Debe decir la verdad”, afirmó en una entrevista a Clarín. Pero Meijide
fue más explícita. Para la ex dirigente de la Alianza, “deberían bajar
condenas a represores por información".
El intento de Reato por validar
la versión del Proceso de Reorganización Nacional queda en evidencia por la
oportunidad política en la que se realiza. Las cifras se conocen desde hace
años, y sin embargo el historiador de los dos demonios nunca se había interesado
en esos datos.
La verdad histórica no es su
objetivo, y por ello comete una grave “omisión” para un investigador: el
documento desclasificado, publicado por The National Security Archive (NSA) de
la George Washington University, en el cual el Ejército argentino admite que
“se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la
fecha” (Julio de 1978).
En su presentación, el NSA
destaca que “el documento fue enviado a la DINA chilena por el oficial de
inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, que usaba el seudónimo
"Luis Felipe Alemparte Díaz", y está basado en documentación a la que
él tuvo acceso en los cuarteles centrales del Batallón de Inteligencia Militar
601. Arancibia Clavel era el representante en Argentina de la red de "Operación
Cóndor" creada en noviembre de1975 por las fuerzas de seguridad de Chile,
Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. El informe provee importante
evidencia en cuanto a que el número total de desaparecidos es
significativamente mayor que las 9.089 personas listadas en el informe de la
Comisión Nacional de los Desaparecidos (CONADEP) en los años ochenta. Es
también significativo que la inteligencia militar inicia el registro en 1975,
en momentos en que los militares han tomado las riendas de las actividades
represivas a nivel nacional, varios meses antes del golpe militar de marzo de
1976. Ya que se sabe que las desapariciones continuaron por varios años más, el
total de desaparecidos por los militares puede ubicarse bien por encima de los
22.000 que reporta este informe de Julio de 1978.”
Toda esta información fue
ignorada, desconocida o alevosamente excluida por el historiador elegido por
Videla para dejar su último mensaje al presente argentino. No le hacía falta
demasiada pericia como investigador para acceder a los documentos, que ya
habían sido publicados en 2004 por John Dinges en su libro “The Condor Years”.
Sólo le bastaba leer la nota escrita por su colega Hugo Alconada Mon el 24 de
marzo de 2006, titulada “El Ejército admitió 22.000 crímenes” y publicada por
el mismo diario que ahora pasa por alto ese dato, La Nación.
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