La Corte publicará sus declaraciones juradas pero se controlará a sí misma

La Corte Suprema, mediante una acordada, aceptó publicar las declaraciones juradas de sus integrantes. Sin embargo, rechazó que las mismas sean controladas por la Oficina Anticorrupción y determinó que en su lugar será la propia Corte quien se encargue de esa tarea.

Mediante la Acordada  25/2013, los miembros de la Corte Suprema de Justicia aceptando la ley 26.857 que sanciona una nueva regulación sobre el carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos.

Sin embargo, mediante la misma determinan el apartamiento de la Oficina Anticorrupción, al declarar la inaplicabilidad del artículo 6° de la ley, ya que “corresponde que todos los funcionarios públicos de todos los poderes, publiquen sus declaraciones juradas, pero no resulta admisible que las declaraciones de aquellos pertenecientes al Poder Judicial sean controladas por funcionarios de la Administración Pública. Ello constituye una violación de la independencia de los poderes del Estado.”

En su lugar, será la propia Corte la que se controle a sí misma, estableciendo como autoridad responsable de la aplicación del régimen de recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas de los magistrados y funcionarios de ese Tribunal a su Secretaría General y de Administración.

La acordada firmada por los siete supremos, dispone así la publicación de las declaraciones juradas en la página web del Tribunal, pero solamente “para las declaraciones juradas posteriores a las del año 2012”.

Un bochornoso simulacro de transparencia y autoafirmación como suprapoder de parte de la máxima élite judicial, que ya le había asestado dos golpes mortales al intento de reforma judicial del Gobierno Nacional. En sendas “acordadas”, los supremos decidieron quedarse con el control de los concursos para el ingreso al Poder Judicial e impedir su democratización, y bloquearon la posibilidad de la publicación de fallos de los juzgados, cámaras y tribunales alegando que su difusión se hace a través del Centro de Información Judicial (CIJ), sitio creado en el que su publican de manera discrecional sólo algunos fallos.