El juez Enrique Lavié Pico, a
cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, acaba
de rechazar el planteo por incumplimiento de medida cautelar en la causa por el
monumento a Cristóbal Colón.
Durante varios días, la
iniciativa del Gobierno Nacional de trasladar y reparar el monumento a
Cristóbal Colón que se encuentra ubicado detrás de la Casa Rosada, fue motivo
de acusaciones por parte de la oposición mediática-política. Además de las
acusaciones de prácticas autoritarias -sustentadas en falsedades como la
persecución fiscal al supremo Lorenzetti-, se sumaron recursos judiciales para frenar la decisión
del Ejecutivo, entre ellos los interpuestos por el gobierno porteño, entidades
de la comunidad italiana y la ONG Basta de Demoler.
A mediados de junio, la Juez María
Alejandra Biotti había dictado una medida cautelar ordenando al Poder Ejecutivo
Nacional que se abstuviera de concretar cualquier acto que implique el traslado
del monumento, lo que no detuvo el avance de la obra, provocando una nueva
denuncia de la ONG por incumplimiento de cautelar.
Ahora, el juez Lavié Pico acaba
de rechazar el planteo, argumentando que las tareas realizadas se enmarcan en
un plan de trabajo que no había sido observado oportunamente por la ONG.
En su resolución, el magistrado destacó
que el Poder Ejecutivo Nacional que el 27 de junio presentó un informe con el
fin de poner en conocimiento del tribunal el “plan de trabajos” a realizar
sobre el monumento, a los efectos de su restauración y puesta en valor, cuyo
plazo estimó en un cronograma de 30 días.
Asimismo, indicó que en esa presentación
se agregó el “Plan de Desmontaje y Preparación para Análisis y Evaluación de
cada una de las Partes Constitutivas del Monumento a Cristóbal Colón” y
diversos informes técnicos -entre los que destacó los emitidos por la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Nacional de la Plata y profesionales independientes- quienes
coincidieron en la imposibilidad de garantizar la estabilidad del monumento por
su nivel de deterioro y la urgencia de desmontarlo para su conservación, cuidado
y puesta en valor.
Y agrega que “dicho informe no ha
merecido ninguna observación” por parte de la ONG, que el accionar del Ejecutivo
fue oportunamente comunicado al Tribunal, y que
por lo tanto “sobre la base de ello no se advierte el incumplimiento
denunciado con relación al alcance de la medida cautelar oportunamente otorgada”.
Una vez reparado el monumento,
será trasladado a un paseo que se creará en Mar del Plata, y en su lugar será
colocada una estatua de Juana Azurduy donada por el gobierno boliviano.
Ver resolución acá
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