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La abogada Valeria Corbacho junto al espía Ciro James |
El sindicato La Fraternidad, que
representa a los conductores de trenes, ha decidido recurrir a los servicios de
una abogada que se especializa en asesorar a represores vinculados con el
Terrorismo de Estado.
Se trata de Valeria Corbacho quien, por decisión de la organización que lidera Omar Maturano, es la representante letrada de Marcos Córdoba y de Daniel López.
Córdoba es el operario que manejaba la formación que chocó en la estación de Once en febrero del año pasado provocando la muerte de 51 personas, mientras que López es el conductor del tren Chapa 01 que embistió a otra formación detenida en la estación Castelar en junio pasado, con un saldo de tres víctimas fatales y 315 heridos.
Córdoba es el operario que manejaba la formación que chocó en la estación de Once en febrero del año pasado provocando la muerte de 51 personas, mientras que López es el conductor del tren Chapa 01 que embistió a otra formación detenida en la estación Castelar en junio pasado, con un saldo de tres víctimas fatales y 315 heridos.
Entre sus clientes, Valeria
Corbacho cuenta a varios represores vinculados al Terrorismo de Estado, entre
ellos Manuel Fernando Saint Amant, jefe del área militar 132, imputado por la
desaparición de seis militantes entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 1977, y
por la masacre de la calle Juan B. Justo 676. Allí fueron acribillados los militantes
Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini y Ana María Granada, y los niños
Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, fueron asfixiados por gases
lacrimógenos. En la misma causa, en la que también defiende al ex jefe de la Policía
Federal de San Nicolás, Jorge Muñoz, Corbacho intentó convencer al tribunal con
la teoría del enfrentamiento, desarrollando además la hipótesis del suicidio de
Amestoy y Fettolini.
Corbacho también prestó sus
servicios a varios imputados por delitos de lesa humanidad, como Samuel Miara y
el ex comisario Luis Patti. Gracias a sus servicios en la causa por el
asesinato de Mariano Ferreyra, su defendido, el cabo de la Policía Federal y
camarógrafo policial David Villalba -quien dejó de filmar al comenzar los disparos-
solamente fue sancionado por incumplimiento de deberes de funcionario público y
condenado a pagar una multa de 12.500 pesos.
Su cartera de clientes incluye además al espía Ciro
James, en la causa por escuchas ilegales que también tiene como procesado al
jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y que la Cámara Federal porteña ratificó que debe
ir a juicio oral.
Foto: polimetropolitana.wordpress.com
Foto: polimetropolitana.wordpress.com
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